Y después de saltar la valla ¿qué?…

 

Por Ernesto Milá (Minuto Digital)

En lo que va de año, 3.500 subsaharianos han saltado la valla de Melilla, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran en estos momentos en territorio peninsular. Parecen pocos, pero el hecho de haber conseguido forzar su entrada ilegal en España y quedarse, anima a otros muchos más a intentarlo. Por otra parte, en dos años estos 3.500 subsaharianos tendrán sus papeles en regla y podrán pedir “reagrupación familiar”. Podemos calcular que los 3.500 subsaharianos que han entrado en estos últimos diez meses, se habrán convertido en dos años en 20.000 sólo por las “reagrupaciones” y por su alta tasa de natalidad. Pocos de ellos habrán aportado algo a la tesorería de la Seguridad Social. Tal es el drama.

El CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla tiene una situación muy degradada. Sus gestores no pueden hacerlo mejor porque les faltan medios y les sobra masificación. En tales condiciones los profesionales de este servicio están literalmente desbordados y sin posibilidades de poder canalizar el flujo migratorio. Lo peor está por llegar: según la Delegación del Gobierno de Melilla, en estos momentos, hay 80.000 subsaharianos que están esperando para saltar la valla, merodeando en las zonas fronterizas. ¿A dónde van a parar quienes logran saltar la valla? Salvo las raras “expulsiones en caliente” que se producen, la inmensa mayoría son trasladados a la península. Sorpréndanse con el retorcido recorrido que siguen.

Un juez que ejerce en Melilla, Fernando Portillo, explica lo que ocurre inmediatamente después de que los inmigrantes se descuelgan por la parte española de la valla: “Cuando un inmigrante entra en Melilla saltando la valla (o nadando, o en patera, o por la frontera oculto en un coche, o usando un pasaporte falso) lo hace ilegalmente y, por tanto, se convierte en un inmigrante ilegal. Tras ser identificado por la policía y darle de alta en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Gobierno inicia contra ellos un procedimiento que, en términos generales y para no complicar la explicación, llamaremos de expulsión, regulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Este procedimiento no es judicial, es administrativo. Es el poder ejecutivo tratando de devolver a un ciudadano que ha entrado irregularmente en Melilla a su país de origen. El poder judicial no dice nada. Y no intervendrá hasta que ese procedimiento administrativo de expulsión acabe, en el caso de Melilla siempre con una resolución de expulsión/devolución, pues entonces ésta puede ser (y es habitualmente) recurrida ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Durante la tramitación del procedimiento de expulsión estos subsaharianos que corrían alegres al entrar en Melilla pueden seguir haciéndolo porque son libres. No están detenidos ni privados de libertad. Pueden ir y venir a donde les plazca. Dentro de Melilla, eso sí, porque su condición de ilegales no les permite adquirir válidamente un billete de barco o avión para cruzar a la Europa continental. Pero en Melilla son hombres libres, e incluso su estancia en el CETI es voluntaria. Si se quedan ahí es porque no tienen nada, y al menos en el CETI se les da un techo y tres comidas al día, pero realmente pueden dormir y comer donde quieran; o puedan. De hecho, dada la saturación del CETI, no son pocos los que en el pasado reciente han optado por construir chabolas y malvivir entre cartones y basura”.

Hemos hablado personalmente con responsables del CETI de Melilla que nos cuentan lo que Fernando Portillo no dice: que muchos de los inmigrantes ilegales que permanecen dentro y fuera del CETI se dedican al trapicheo de drogas. Entran ilegalmente, sobreviven ilegalmente… ¿cómo explicarles que están obligados a respetar alguna ley? Y, sobre todo, ¿cuándo explicárselo de manera que sea creíble? Porque los inmigrantes, cuando llegan lo que perciben inmediatamente es que cualquier ley puede vulnerarse y aquí no pasa nada. Absolutamente nada.

Prosigue el juez Portillo: “Ahora bien, esa libertad de la que gozan puede tener su fin si el Gobierno, durante la tramitación del procedimiento de expulsión, pide al poder judicial que autorice el internamiento del inmigrante en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el juez lo autoriza. Un CIE ya sí es un establecimiento donde los extranjeros están privados de libertad. Es, a todos los efectos prácticos, una cárcel. Como decía, el procedimiento de expulsión no es judicial, es administrativo. Pero si la Administración quiere privar de libertad a alguien durante el proceso debe autorizarlo un juez, en este caso el juez que está de guardia. Al tratarse de la limitación de un derecho fundamental es necesario que un juez dé el visto bueno. Era típico en Melilla antes de la crisis que la policía trajese al juzgado de guardia entre 30 y 50 extranjeros a la semana para que el juez autorizase su ingreso en un CIE”.

Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que cada semana unos 50 inmigrantes son llevados al juzgado para ingresar en un CIE ¡porque en Melilla no lo hay! La mayoría, en efecto, todos están en la península: Madrid, Barcelona, Murcia, Málaga, Algeciras y Valencia… ¡justo donde los subsaharianos quieren establecerse! Este procedimiento judicial lo único que hace es pagarles con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir a los bolsillo de usted y yo, el billete para la última parte de su viaje. No sirve para nada más. Porque, ante estos casos, los jueces están obligados a respetar la ley… una ley que dice que el inmigrante debe estar en situación de internamiento cuando se le notifique la resolución de expulsión. Dado que el gobierno no tiene la certeza de donde se encontrará cuando un juzgado emita esa resolución, pide al juez que se le interne para garantizar s localización. Por eso, los jueces de Melilla autorizan siempre el internamiento de los ilegales en un CIE… peninsular. Que es, en lugar de un castigo, el premio final para el inmigrante ilegal.

Mientras la UE en una circular de 2011 sugería que los inmigrantes fueran recluidos en este tipo de centros durante un máximo de 18 meses, el gobierno Zapatero en la reforma del Reglamento de Inmigración, estableció solamente sesenta días de internamiento como máximo. ¿Dónde está la trampa generada por el infame zapaterismo? ¡¡que estos procesos para la expulsión duran SIEMPRE más de sesenta días!! ¿Por qué tantas dilaciones? Es fácil entenderlo: porque la muy garantista Ley de Inmigración y su reglamento prescriben que para expulsar a un inmigrante haya que realizar un trámite kilométrico, casi un “parto de los montes” que empieza cuando los inmigrantes mienten sobre su origen o callan simplemente su nacionalidad, el gobierno pide información a un gobierno africano para que reconozca o no si es ciudadano suyo y para solicitar si consiente la repatriación…

Pero, incluso llegado a ese punto, cuando llega la resolución de expulsión, lo que el inmigrante recibe (o lo que se anota en su expediente) es que se le conmina a abandonar el territorio nacional y, salvo que se trate de una expulsión por “vía de urgencia”, el procedimiento normal consiste en enviar simplemente una carta a la dirección postal que ha dado el inmigrante y confiar en su buena voluntad para abandonar el país en el tiempo prescrito… algo que ninguno, óigase bien, ninguno de ellos, ha hecho jamás en los últimos 20 años.

Todo esto sería un mal chiste del zapaterismo sino fuera porque el gobierno Rajoy ha tenido tres años para liquidar este absurdo y no ha hecho absolutamente nada, aumentando cada año el efecto llamada. La “amistad” de Felipe VI con Mohamed VI contribuye a que el Estado Marroquí, habitualmente decida aliviar la presión migratoria que sufre por el sur aliviando la presión en la valla de Melilla…

Queda hablar de las “expulsiones en caliente”. Se realizan en virtud del convenio hispano-marroquí de enero de 1992… que entró en vigor, incomprensiblemente, veinte años después, en diciembre de 2012, según el cual Marruecos está obligado a aceptar a los inmigrantes de terceros países que hayan entrado ilegalmente en Ceuta y Melilla, a través de un procedimiento rápido (solicitud formal en plazo, identificación del inmigrante, aportados de datos sobre cómo entró, etc) y todo ello si el inmigrante no pide asilo político, en cuyo caso, se paraliza la “expulsión en caliente”. Contrariamente a lo que sostienen las ONGs, este tipo de expulsiones son excepciones: en primer lugar, porque Marruecos no las admite, salvo que se trate de alguien que ha cometido algún delito en ese país, y en segundo lugar, porque el inmigrante sometido a este procedimiento… inmediatamente pide asilo político paralizándolo.

De lo cual se deduce que todos los que intentan saltar la valla y lo consiguen, por ese mismo hecho, en un plazo máximo de dos años, se convierten en inmigrantes legales. La ilegalidad termina generando legalidad. Como si un atracador, a fuerza de atracar bancos, finalmente, le ofrecieran un puesto de director de sucursal bancaria…
Todo esto no es un chiste: es una realidad, ocurre aquí y ahora, de manera tan reiterada como incomprensible. Y ocurre en tierra española, en Melilla. El gobierno mira a otro lugar. Ya se sabe cuál es la técnica de Rajoy para resolver los problemas: dejarlos pudrid. Pero ahora están en juego muchas más cosas que los 3.500 inmigrantes que han entrado en España desde el mes de enero de 2014: ahora, la principal amenaza de entrada del ébola que se da en nuestro país tiene que ver con estas oleadas descontroladas. Y no sólo del ébola: en cualquier país “normal”, el certificado médico expedido por un servicio reconocido por el consulado de ese país más próximo al lugar de residencia del aspirante a inmigrar es condición sine qua non para poder entrar. En España no. Hasta ahora esto ha generado la reaparición de enfermedades desterradas y la llegada de nuevas enfermedades procedentes de zonas tropicales. Además, por supuesto, de SIDA, enfermedad a la que la población africana es particularmente sensible.

Hace falta atajar de una vez por todas las llegadas masivas de una inmigración que llega sin mostrar el más mínimo respeto ni interés por nuestro aparato legislativo y que entra sin entender que la base de nuestra convivencia es el respeto a la ley. Pero también, no lo olvidemos, se trata de una inmigración que no trae absolutamente ningún valor añadido: que carece completamente de formación profesional, que llega a un país con el mercado laboral hundido por completo y sin esperanzas de que se puede revitalizar… antes de 2020. Estos inmigrantes sobrevivirán solamente realizando trabajo negro o bien delinquiendo. Es inevitable. Y, por supuesto, en cualquiera de los dos casos, serán mantenidos con cargo a la caridad pública. Insostenible, intolerable, inasumible y, por supuesto, sobre todo, vergonzoso, abochornante y tercermundista. Una política de inmigración de seriedad muy inferior a la de cualquier país bananero.

Tal es la política de Rajoy y del PP en materia de inmigración. Como la de Zapatero. Peor imposible.

 

El escenario de la catástrofe. La Colonización de Europa

 

El mecanismo está bien engrasado para organizar y acelerar la colonización étnica de Europa. Se base en:

1) declarar imposible detener el flujo migratorio. De donde deriva la laxitud de los controles en las fronteras y la reagrupación familiar reforzada.

2) declararnos moralmente inhumanos al expulsar a los clandestinos, a pesar de la ley, o bien sostener que es técnicamente imposible hacerlo.

3) declarar socialmente insoportable la masa siempre creciente de residentes ilegales "sin papeles" en Francia, de donde deriva, por tanto, la necesidad de  legalizarlos en regularizaciones masivas cada cuatro o cinco años.

4) así conseguimos que el grifo de las nuevas entradas aumente mediante el "efecto llamada".

Es un círculo vicioso que nada puede parar. La lógica infernal de este mecanismo que se alimenta así mismo es que, ya que el desequilibrio Norte-Sur acentúa cada año el número de candidatos a partir en dirección a Europa, nada detiene la aceleración de nuestra colonización étnica cuyo destino corre el peligro de ser la inmersión de los europeos en su propio suelo por masas afroasiáticas llamadas a convertirse allí en demográficamente mayoritarias. Así pereció Roma, bajo el peso de los libertos orientales y africanos, tal como lo mostró André Lama en Des Dieux et des Empereurs (EDE).

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Hay una cosa muy instructiva en la mentalidad humana: es la fuerza de los dogmas y de las creencias, la fuerza de las propagandas y de las opiniones afectivas, incluso formuladas contra los hechos. El hombre es un animal perpetuamente cegado. Platón ya anotaba que el doxa (doctrina, opinión) tenía siempre la ventaja como el épistémè (saber, ciencia). El Profesor Debray-Ritzen, psiquiatra antifreudiano, solía decir: "el error dogmático tiene alas, y la verdad científica se arrastra humildemente". Cuando, incluso ante gente inteligente e informada, o que parecen serlo, periodistas, tecnógratas, intelectuales patentados, se les dice: "Francia se africaniza y se islamiza; dentro de veinte años, si nada cambia de manera radical, puede ocurrir perfectamente que la ley coránica sea aplicada en este país y qué más de la mitad de la población sea de origen afromagrebí", desencadenamos sonrisas, nos y uno se hace acreedor de las burlas más irónicas.

¿Sin embargo qué hay más cierto y fiable, más implacable que las proyecciones demográficas? Los niños europeos que no nacieron no surgirán por el milagro de la generación espontánea; la población futura es el reflejo de la de las maternidades de hoy. Y sin embargo, esta evidencia, que abre por sí misma los ojos, no es admitida. Negamos esta africanización y esta islamización por dos razones: primero por un reflejo de miedo; el ser humano siempre intenta negar lo que le molesta y exorcizarlo. Luego, admitir este hecho demográfico ineludible, admitir la verdad, sería políticamente incorrecto y equivaldría a "dar la razón al extremo-derecha".

Una pequeña minoría, finalmente más consecuente, más lúcida, responde "¿nos africanizamos, nos islamizamos? Pues bien, administremos el fenómeno…". Esta posición es propia de un fatalismo optimista. Pensamos que la africanización no tendrá ninguna consecuencia sobre la civilización, como si el zócalo de esta última no fuera primero étnico; consideramos que el Islam que se instalará será el de la "tolerancia"; lo que depende solamente de lo que en mi ensayo L'Archéofuturisme he llamado "creencia en los milagros". Como si el Islam implantado en Europa fuera milagrosamente a diferenciarse en profundidad del que se da en el Magreb o en Medio Oriente. Entonces, estimamos, como los prelados católicos o las ligas trotskistes que estas llegadas masivas a Francia, por las migraciones fronterizas o las maternidades, son un fenómeno positivo que contribuye a construir un utópico paraíso multirracial.

Así, un escenario-catástrofe no muestra catastrofismo sino es a partir de la proyección demográfica. Limitémosnos al caso de Francia. A un ritmo de 250.000 nacimientos al año de niños franceses o naturalizables, desde finales de los años ochenta, contando a los que están ya presentes, los nuevos emigrantes que dan a luz niños y las naturalizaciones, podemos pensar como el observador americano imparcial Stanley J. Moore que "a partir de 2010, el número de electores africanos negros y los musulmanes en Francia sobrepasará el 20 % del electorado. Más tarde, esta proporción no dejará de aumentar" (Journal of Demographic Studies, Boston UP. n°1439, dic. 1998).

Si no se hace nada, si la tendencia no se desequilibra al precio de una revolución verdadera, los siguientes acontecimientos tienen muchas probabilidades de producirse en breve:

1) Un partido musulmán tiene todas las posibilidades de ser creado, la ambición de líderes eventuales no forzosamente moderados será muy estimulada por esta bolsa de electores en pleno crecimiento. Los hijos e hijas de inmigrados, la gente de color, espontáneamente, por reflejo étnico, votarán por este o por estos partidos, aun cuando incluso no sean musulmanes practicantes.

2) No es evidente que los jóvenes afromagrebíes continúen como hoy absteniéndose de votar o de presentarse a las elecciones, desde el momento en que adviertan el peso de su número creciente y de su fuerza. Es poco probable, a la vista del fracaso de las políticas de integración y del ascenso del "comunitarismo", que este Nuevo electorado escoja a los partidos políticos franceses tradicionales.

3) El proceso de colonización electoral comenzará con las elecciones municipales. No hay ninguna necesidad de darles el derecho de voto a los extranjeros para que esto ocurra. En un número cada vez más grande de municipios, el electorado francés está volviéndose mayoritariamente afromagrebí y musulmán. Los electores autóctonos franceses envejecen, mueren o se van. Hay que pues esperar poco para que primero una centena de poblaciones francesas -de Roubaix a Saint Denis pasando por varias ciudades de Provenza, de Lyon y de Ile-de-France, particularmente todos los suburbios, sean gobernados por municipalidades inmigradas que tienen el Islam como religión.

4) En un segundo tiempo, tal como se comienza a presentir, los afromagrebíes y los musulmanes exigirán, porque tienen el poder numérico, ocupar escaños en el Congreso de diputados. Serán un peso en las instituciones. Será el proceso de la colonización por lo bajo: primeramente la inundación demográfica, luego la sujeción política.

La lógica demográfica quiere que participen en el poder legislativo, luego en el gubernamental. Con dos consecuencias: por una parte, una subordinación probable a los países musulmanes árabes que, para muchos, son sus "madres-patrias"; y por otra, una política de puertas abiertas a los inmigrantes del Magreb. Y probablemente también, una conquista lenta del país por el Islam, cada vez más duro (conforme al espíritu de esta religión guerrera) a medida que aumente el peso de la población musulmana y de los autóctonos convertidos. De esta de esta carrera al abismo, de esta catástrofe anunciada, nadie parece preocuparse; hasta ese punto esta generación queda obnubilada por el inmediato.

Es la razón por la cual, frente a este peligro hay que pleitear a favor de una aceleración de la construcción federal europea y de la pérdida rápida de poder de este Estado francés que, de immigracionista hoy, corre peligro de hacerse inmigrado mañana. No es más que por un doble reajuste, por un lado hacia regiones históricas arraigadas, y por otro hacia un Estado Europeo, que podremos cortar el camino a la colonización institucional y política que se anuncia. Un alógeno puede fácilmente declararse "belga o francés", pero le cuesta mucho más reivindicarse como flamenco, gallegos o europeo.

Sea como fuere, este doble arraigo concebido como línea de defensa no debería olvidar la hipótesis de la reconquista.