LAPSUS Y OBSCURANTISMOS DE LA TEOLOGÍA ANTIRRACISTA. La Colonización de Europa

No pasa una semana sin que la prensa o los medios audiovisuales del sistema propaguen sermones antirracistas, en la forma de gruesos dossiers o retransmisiones especiales, con el objetivo de sacar a relucir, de denunciar, de contradecir al enemigo principal, el supuesto racista y al pecado capital, el racismo. La similitud es llamativa en los discursos de anatema teológica. La teología antirracista procede en dos tiempos: 1) se demoniza al enemigo gracias a los argumentos afectados del pensamiento mágico, acompañado de imperativos morales de tipo monoteísta o kantiana (monoteísmo laicista que reposa sobre la creencia en una ética universal). 2) se intenta demostrar la "Verdad del antirracismo", a través de argumentos "científicos", es decir, parateológicos, en los cuales la mayor parte es: "las diferencias raciales no poseen significación alguna". Con un cierto número de dogmas secundarios: "la excesiva criminalidad de los inmigrantes (que no se puede negar, como siempre...) no se explica más que por la exclusión racista y/o por causas económicas"; "la sociedad multirracial, es el futuro, ello funciona" Y otros dogmas. Pero habitualmente, los lapsus se deslizan entre las verdaderas intenciones. Los guardianes de la religión dominan mal su propia gnosis.

Todas las estadísticas indican que las opiniones y las actitudes racistas de los europeos hacia los inmigrantes de color no progresan y se percibe un ligero descenso. Este hecho es por otro lado muy revelador respecto de que el racismo anti-europeo de los jóvenes inmigrantes no cesa de crecer. 

Este hecho se explica por dos razones: en primer lugar su frustración social hacia los "blancos", a quienes ellos atribuyen falsamente e hipócritamente discriminación y exclusión. Segunda razón: una actitud más o menos consciente de venganza y de conquista, que los conduce a actitudes arrogantes e incluso violentas y conquistadoras hacia los autóctonos europeos. Hace falta ver en ello un complejo de inferioridad compensado.

Este racismo anti-europeo abierto y declarado adquiere múltiples formas que van desde las vejaciones a los asesinatos gratuitos, hasta las letras de los grupos de rap, pasando por los conocidos "incivismos", las agresiones, las presiones por expulsar a los europeos de las ciudades-territorio, etc. Este resentimiento complejo y psicopático emana principalmente de la gente de menos de 25 años, los inmigrantes de las primeras generaciones no compartían de ningún modo este racismo. Este "odio", para usar el título del desafortunado film de Matthieu Kassowitz, no se ejerce solamente hacia la cáscara del Estado francés, en especial los policías. Los medios se burlan de los "crímenes racistas" de los franceses de origen contra los afromagrebís - que lo son raras veces, sino que son el resultado de actos de defensa -no se atribuye jamás al racismo anti-europeo los asesinatos gratuitos de jóvenes blancos, quienes, en 1999 se elevaron a una veintena, según las cifras más discretas del ministerio de interior. 

Los medios en general han cubierto de silencio el suceso siguiente, informado solamente por Figaro en dos miserables columnas en la página 29. El 30 de enero de 1999, una decena de gamberros magrebís y negros, de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, en Grigny (Essonne) violaron a una colegiala de 15 años en varias ocasiones en un cubo de basura local. Su motivación, recogido por un inspector de policía, es todo un programa " ella era la única "bactou (blanca) del grupo ". Según la policía " la violación ha tenido lugar de un modo particularmente bestial". Le Figaro especifica: " No contentos de su delito o de repente conscientes de la gravedad de su acto, algunos instantes luego del retorno de la víctima a la casa de su familia, uno de los violadores profirió amenazas de represalias en el caso de que fuese materializada alguna queja ". Este tipo de violación racial ritual es cada vez más frecuente. Se han registrado muchos, en pleno París y en el metro, al margen de las manifestaciones del invierno de 1999. Violar a una "bactou", una mujer blanca, es una forma de rito de iniciación; del mismo modo que golpear a los jóvenes blancos, una suerte de batida. 

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Las series de televisión participan directamente de la propaganda antirracista, es decir, quieren hacer pasar a los franceses de origen como afectados, como se ha visto más arriba, de "pecado original", de odio racial y los afromagrebís como los mártires del racismo de los primeros. Y es que es evidente que el racismo no puede ser más que blanco. Los otros sólo se defienden, incluso si tienen "odio". Se trata entonces, como en toda propaganda de esencia totalitaria, de invertir escrupulosamente los términos de la realidad.

En el episodio de Julie Lescaut, Crédit Revolver (1994), varias veces reemitido por TF1 y escrito por José Dayan, la propaganda descerebrante está tan bien engrasado como El Judío Süss, la célebre película financiada por el Dr. Goebbels: un panadero franchute y barrigudo, que detesta a los "bronceados", uno de esos pequeños blancos, pequeños comerciantes despreciado por la clase intelectual-mediática, es el amigo del teniente de alcalde, un tal Lefranc (el nombre no ha sido escogido al azar), quien dirige un partido sedicioso y fascista, la "Unión por Francia". Evidentemente. El panadero empuña su arma todo el tiempo para amenazar a los amables y simpáticos jóvenes inmigrantes inocentes e incomprendidos. El teniente de alcalde, el también, es un cobarde y un canalla, ya que se hace elegir gracias a los votos de la "Unión por Francia". Lefranc se rebela. Bien entendido, es un asesino abominable desenmascarado por Julie Lescaut. El objetivo de este telefilm, como de tantos otros, es claro: trata de persuadir a los telespectadores que los bastardos, los culpables, son los "Lefranc" incluso si ellos son todos los días víctimas de la violencia de los inmigrantes. Se trata de exorcizar la realidad. La tele, en sus "ficciones" como en sus noticiarios reestablecen y construyen una realidad virtual, correcta, conforme a la ideología hegemónica, e intenta hacer olvidar el mundo real, culpabilizar toda revuelta popular contra los dramas cotidianos de la inmigración-colonización. El filme Train d'Enfer con Roger Hanin, también se centra en una culpabilización fascista del "pequeño blanco", y no pretende otro objetivo. Todas estas producciones de propaganda sin talento, en el que el objetivo es el aturdimiento mental de las clases populares, son en realidad la obra de los productores, de los escenaristas y de actores que son premiados, y que viven en los bellos barrios y que jamás en su vida se han cruzado una banda étnica ni puesto sus pies en una "cité". 

No es un azar si la redifusión de Crédit Revolver ha sido programado el 15 de julio de 1999, el día después de múltiples altercados y agresiones causados por los "jóvenes" durante la tarde del 15 de julio. Esto se supone que lo hará olvidar. Pero una consecuencia imprevista de esta propaganda catódica virtuosa, es que excita y fortifica el resentimiento de los telespectadores de origen inmigrante. Y ese riesgo (el de tomarlos por imbéciles, despreciarlos por unos tontos culpabilizadores) torna realmente racista al susodicho "pequeño-blanco". Sin saberlo (¿), la clase intelo-mediática, por su propaganda que ellos denominan "integracionista" fortalece la fractura étnica. 

Sobre todo, si buscan la guerra civil, lo están consiguiendo. No es seguro que la vayan a ganar. Esta gente debería repetirse el viejo proverbio: quien siembra vientos recoge tempestades. 
 
 

Y después de saltar la valla ¿qué?…

 

Por Ernesto Milá (Minuto Digital)

En lo que va de año, 3.500 subsaharianos han saltado la valla de Melilla, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran en estos momentos en territorio peninsular. Parecen pocos, pero el hecho de haber conseguido forzar su entrada ilegal en España y quedarse, anima a otros muchos más a intentarlo. Por otra parte, en dos años estos 3.500 subsaharianos tendrán sus papeles en regla y podrán pedir “reagrupación familiar”. Podemos calcular que los 3.500 subsaharianos que han entrado en estos últimos diez meses, se habrán convertido en dos años en 20.000 sólo por las “reagrupaciones” y por su alta tasa de natalidad. Pocos de ellos habrán aportado algo a la tesorería de la Seguridad Social. Tal es el drama.

El CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla tiene una situación muy degradada. Sus gestores no pueden hacerlo mejor porque les faltan medios y les sobra masificación. En tales condiciones los profesionales de este servicio están literalmente desbordados y sin posibilidades de poder canalizar el flujo migratorio. Lo peor está por llegar: según la Delegación del Gobierno de Melilla, en estos momentos, hay 80.000 subsaharianos que están esperando para saltar la valla, merodeando en las zonas fronterizas. ¿A dónde van a parar quienes logran saltar la valla? Salvo las raras “expulsiones en caliente” que se producen, la inmensa mayoría son trasladados a la península. Sorpréndanse con el retorcido recorrido que siguen.

Un juez que ejerce en Melilla, Fernando Portillo, explica lo que ocurre inmediatamente después de que los inmigrantes se descuelgan por la parte española de la valla: “Cuando un inmigrante entra en Melilla saltando la valla (o nadando, o en patera, o por la frontera oculto en un coche, o usando un pasaporte falso) lo hace ilegalmente y, por tanto, se convierte en un inmigrante ilegal. Tras ser identificado por la policía y darle de alta en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Gobierno inicia contra ellos un procedimiento que, en términos generales y para no complicar la explicación, llamaremos de expulsión, regulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Este procedimiento no es judicial, es administrativo. Es el poder ejecutivo tratando de devolver a un ciudadano que ha entrado irregularmente en Melilla a su país de origen. El poder judicial no dice nada. Y no intervendrá hasta que ese procedimiento administrativo de expulsión acabe, en el caso de Melilla siempre con una resolución de expulsión/devolución, pues entonces ésta puede ser (y es habitualmente) recurrida ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Durante la tramitación del procedimiento de expulsión estos subsaharianos que corrían alegres al entrar en Melilla pueden seguir haciéndolo porque son libres. No están detenidos ni privados de libertad. Pueden ir y venir a donde les plazca. Dentro de Melilla, eso sí, porque su condición de ilegales no les permite adquirir válidamente un billete de barco o avión para cruzar a la Europa continental. Pero en Melilla son hombres libres, e incluso su estancia en el CETI es voluntaria. Si se quedan ahí es porque no tienen nada, y al menos en el CETI se les da un techo y tres comidas al día, pero realmente pueden dormir y comer donde quieran; o puedan. De hecho, dada la saturación del CETI, no son pocos los que en el pasado reciente han optado por construir chabolas y malvivir entre cartones y basura”.

Hemos hablado personalmente con responsables del CETI de Melilla que nos cuentan lo que Fernando Portillo no dice: que muchos de los inmigrantes ilegales que permanecen dentro y fuera del CETI se dedican al trapicheo de drogas. Entran ilegalmente, sobreviven ilegalmente… ¿cómo explicarles que están obligados a respetar alguna ley? Y, sobre todo, ¿cuándo explicárselo de manera que sea creíble? Porque los inmigrantes, cuando llegan lo que perciben inmediatamente es que cualquier ley puede vulnerarse y aquí no pasa nada. Absolutamente nada.

Prosigue el juez Portillo: “Ahora bien, esa libertad de la que gozan puede tener su fin si el Gobierno, durante la tramitación del procedimiento de expulsión, pide al poder judicial que autorice el internamiento del inmigrante en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el juez lo autoriza. Un CIE ya sí es un establecimiento donde los extranjeros están privados de libertad. Es, a todos los efectos prácticos, una cárcel. Como decía, el procedimiento de expulsión no es judicial, es administrativo. Pero si la Administración quiere privar de libertad a alguien durante el proceso debe autorizarlo un juez, en este caso el juez que está de guardia. Al tratarse de la limitación de un derecho fundamental es necesario que un juez dé el visto bueno. Era típico en Melilla antes de la crisis que la policía trajese al juzgado de guardia entre 30 y 50 extranjeros a la semana para que el juez autorizase su ingreso en un CIE”.

Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que cada semana unos 50 inmigrantes son llevados al juzgado para ingresar en un CIE ¡porque en Melilla no lo hay! La mayoría, en efecto, todos están en la península: Madrid, Barcelona, Murcia, Málaga, Algeciras y Valencia… ¡justo donde los subsaharianos quieren establecerse! Este procedimiento judicial lo único que hace es pagarles con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir a los bolsillo de usted y yo, el billete para la última parte de su viaje. No sirve para nada más. Porque, ante estos casos, los jueces están obligados a respetar la ley… una ley que dice que el inmigrante debe estar en situación de internamiento cuando se le notifique la resolución de expulsión. Dado que el gobierno no tiene la certeza de donde se encontrará cuando un juzgado emita esa resolución, pide al juez que se le interne para garantizar s localización. Por eso, los jueces de Melilla autorizan siempre el internamiento de los ilegales en un CIE… peninsular. Que es, en lugar de un castigo, el premio final para el inmigrante ilegal.

Mientras la UE en una circular de 2011 sugería que los inmigrantes fueran recluidos en este tipo de centros durante un máximo de 18 meses, el gobierno Zapatero en la reforma del Reglamento de Inmigración, estableció solamente sesenta días de internamiento como máximo. ¿Dónde está la trampa generada por el infame zapaterismo? ¡¡que estos procesos para la expulsión duran SIEMPRE más de sesenta días!! ¿Por qué tantas dilaciones? Es fácil entenderlo: porque la muy garantista Ley de Inmigración y su reglamento prescriben que para expulsar a un inmigrante haya que realizar un trámite kilométrico, casi un “parto de los montes” que empieza cuando los inmigrantes mienten sobre su origen o callan simplemente su nacionalidad, el gobierno pide información a un gobierno africano para que reconozca o no si es ciudadano suyo y para solicitar si consiente la repatriación…

Pero, incluso llegado a ese punto, cuando llega la resolución de expulsión, lo que el inmigrante recibe (o lo que se anota en su expediente) es que se le conmina a abandonar el territorio nacional y, salvo que se trate de una expulsión por “vía de urgencia”, el procedimiento normal consiste en enviar simplemente una carta a la dirección postal que ha dado el inmigrante y confiar en su buena voluntad para abandonar el país en el tiempo prescrito… algo que ninguno, óigase bien, ninguno de ellos, ha hecho jamás en los últimos 20 años.

Todo esto sería un mal chiste del zapaterismo sino fuera porque el gobierno Rajoy ha tenido tres años para liquidar este absurdo y no ha hecho absolutamente nada, aumentando cada año el efecto llamada. La “amistad” de Felipe VI con Mohamed VI contribuye a que el Estado Marroquí, habitualmente decida aliviar la presión migratoria que sufre por el sur aliviando la presión en la valla de Melilla…

Queda hablar de las “expulsiones en caliente”. Se realizan en virtud del convenio hispano-marroquí de enero de 1992… que entró en vigor, incomprensiblemente, veinte años después, en diciembre de 2012, según el cual Marruecos está obligado a aceptar a los inmigrantes de terceros países que hayan entrado ilegalmente en Ceuta y Melilla, a través de un procedimiento rápido (solicitud formal en plazo, identificación del inmigrante, aportados de datos sobre cómo entró, etc) y todo ello si el inmigrante no pide asilo político, en cuyo caso, se paraliza la “expulsión en caliente”. Contrariamente a lo que sostienen las ONGs, este tipo de expulsiones son excepciones: en primer lugar, porque Marruecos no las admite, salvo que se trate de alguien que ha cometido algún delito en ese país, y en segundo lugar, porque el inmigrante sometido a este procedimiento… inmediatamente pide asilo político paralizándolo.

De lo cual se deduce que todos los que intentan saltar la valla y lo consiguen, por ese mismo hecho, en un plazo máximo de dos años, se convierten en inmigrantes legales. La ilegalidad termina generando legalidad. Como si un atracador, a fuerza de atracar bancos, finalmente, le ofrecieran un puesto de director de sucursal bancaria…
Todo esto no es un chiste: es una realidad, ocurre aquí y ahora, de manera tan reiterada como incomprensible. Y ocurre en tierra española, en Melilla. El gobierno mira a otro lugar. Ya se sabe cuál es la técnica de Rajoy para resolver los problemas: dejarlos pudrid. Pero ahora están en juego muchas más cosas que los 3.500 inmigrantes que han entrado en España desde el mes de enero de 2014: ahora, la principal amenaza de entrada del ébola que se da en nuestro país tiene que ver con estas oleadas descontroladas. Y no sólo del ébola: en cualquier país “normal”, el certificado médico expedido por un servicio reconocido por el consulado de ese país más próximo al lugar de residencia del aspirante a inmigrar es condición sine qua non para poder entrar. En España no. Hasta ahora esto ha generado la reaparición de enfermedades desterradas y la llegada de nuevas enfermedades procedentes de zonas tropicales. Además, por supuesto, de SIDA, enfermedad a la que la población africana es particularmente sensible.

Hace falta atajar de una vez por todas las llegadas masivas de una inmigración que llega sin mostrar el más mínimo respeto ni interés por nuestro aparato legislativo y que entra sin entender que la base de nuestra convivencia es el respeto a la ley. Pero también, no lo olvidemos, se trata de una inmigración que no trae absolutamente ningún valor añadido: que carece completamente de formación profesional, que llega a un país con el mercado laboral hundido por completo y sin esperanzas de que se puede revitalizar… antes de 2020. Estos inmigrantes sobrevivirán solamente realizando trabajo negro o bien delinquiendo. Es inevitable. Y, por supuesto, en cualquiera de los dos casos, serán mantenidos con cargo a la caridad pública. Insostenible, intolerable, inasumible y, por supuesto, sobre todo, vergonzoso, abochornante y tercermundista. Una política de inmigración de seriedad muy inferior a la de cualquier país bananero.

Tal es la política de Rajoy y del PP en materia de inmigración. Como la de Zapatero. Peor imposible.